Una Plusvalia menos injusta

porSoberao
27 febrero, 2017
Category:   Artículos

“Nunca es tarde si la dicha es buena” podría decirse cuando finalmente se impone la lógica ante casos tan de sentido común como éste de las “Plusvalías a Pérdidas”.

Aunque en casos tan clamorosos como éste (y otros muchos que deambulan por los tribunales españoles) se hace bueno aquello que me enseñó mi profesor de proyectos y que rezaba “querido Pepe,… el sentido común se educa”. Esa costumbre que muestra la administración de aplicar la “Ley del Embudo” hacia el contribuyente, en especial a todo lo referente a los ingresos por patrimonio, ya roza lo esperpéntico.

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El IMPUESTO DE PLUSVALIA de un inmueble representa conceptualmente un impuesto sobre el BENEFICIO que el propietario recibe por la REVALORIZACIÓN de su inmueble. Si no hay revalorización, no hay beneficio, por lo que tampoco debería de haber un impuesto asociado. Es más, si aplicamos el principio de reciprocidad…¿cabría pensar que el propietario debería de recibir de la administración alguna contraprestación en caso de devaluación del inmueble? (estas son las preguntas retóricas que según seas una parte o la otra se tachan de demagógicas o de simple ciencia ficción).

Pero vamos a lo importante:

Hasta ahora, el que vendía el piso perdiendo dinero, además, tenía que pagar al Ayuntamiento como si lo hubiera ganado. Esto deriva del sistema de cálculo de este impuesto, que presupone que el precio de la vivienda siempre sube. Por ejemplo, cada ayuntamiento estima una revalorización teórica del % anual (este porcentaje varía según la localidad) del precio de la vivienda calculado sobre su valor catastral actual, que se multiplica por el número de años transcurridos desde la compra. Y esa revalorización es la base imponible del tributo, incluso aunque el activo valga en realidad menos ahora que cuando fue adquirido.

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Esta injusticia, muy frecuente con el derrumbe de los precios tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, es la que corrige ahora el Constitucional al entender que se opone a la Carta Magna. Ahora bien, la excepción a la norma exige que sea el vendedor del inmueble el que demuestre que el precio de venta es inferior al de compra; en caso contrario, los ayuntamientos podrán seguir aplicando este tributo como hasta ahora.

Tras felicitarnos por esta resolución, que sin duda es bienvenida por los propietarios, debemos estar atentos a las futuras que en este sentido se espera que reafirmen ésta última.

Finalicemos recordando que esta resolución viene a  continuación de la emitida por el Tribunal Supremo en 2014, incorporada en la Reforma de la Ley Hipotecaria 13/2015, de 24 de junio, que establece que decenas de parcelas de suelo urbano sin edificar pagarán IBI rústico en lugar de urbano…tal y como pese a lo que hace la Administración, dicta el Sentido Común (si… el que “se educa”).


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